La Unión Europea ha establecido un marco normativo sólido para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el fin de proteger la estabilidad financiera, la seguridad del mercado interior y la confianza en el sistema económico. En este contexto, la transparencia sobre la titularidad de las personas jurídicas y estructuras similares desempeña un papel central. De ahí la importancia del desarrollo de normativas como el Acta de titularidad real, que forma parte de una estrategia más amplia dirigida a identificar a los beneficiarios efectivos de las entidades jurídicas. Este anexo ofrece una visión general de la evolución legislativa europea en esta materia y de las reformas en curso para reforzar el control y la supervisión en todos los Estados miembros.

Marco normativo europeo y obligaciones para los Estados y sujetos obligados

Desde los años noventa, la Unión Europea ha adoptado una serie de Directivas contra el blanqueo de capitales (AMLD), alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Cada Directiva ha ampliado los mecanismos de control e incorporado nuevas obligaciones para los Estados miembros y los sujetos obligados. La Quinta Directiva (UE) 2018/843, en vigor desde enero de 2020, estableció la obligación de crear registros centrales de titularidad real, que permiten conocer quiénes son las personas físicas que controlan o se benefician de sociedades, fideicomisos u otras entidades.

Esta información debe estar accesible a las autoridades competentes, y en determinados supuestos, al público en general, con el fin de reducir el uso de estructuras opacas con fines ilícitos. Además, la normativa impone exigencias estrictas de diligencia debida a entidades financieras, abogados, notarios, agentes inmobiliarios y otros profesionales, obligándolos a identificar a sus clientes, registrar la información relevante y comunicar operaciones sospechosas a las unidades de inteligencia financiera.

La legislación también establece mecanismos de cooperación entre Estados miembros y promueve el intercambio automático de información para facilitar la detección de flujos financieros irregulares. Sin embargo, la transposición nacional de las Directivas ha generado diferencias significativas en la aplicación práctica de las normas entre países, lo que ha motivado nuevas propuestas para unificar y reforzar el sistema.

Hacia una supervisión centralizada y una regulación directamente aplicable

Con el objetivo de superar los desafíos derivados de la fragmentación legislativa, la Comisión Europea presentó en 2021 un ambicioso paquete legislativo de reforma. Este incluye la creación de una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), que tendrá la capacidad de supervisar directamente a entidades financieras de alto riesgo y coordinar las políticas nacionales de prevención.

Asimismo, se propone sustituir la actual Directiva por un Reglamento europeo único, que será de aplicación directa en todos los Estados miembros. Esta medida busca garantizar la uniformidad normativa y eliminar las discrepancias actuales. El nuevo Reglamento incluirá disposiciones armonizadas sobre diligencia debida, registros de titularidad real, mecanismos de supervisión, cooperación transfronteriza y régimen sancionador.

Estas reformas suponen un cambio de enfoque hacia una regulación más centralizada, transparente y eficaz, en la que el acceso a la información sobre los beneficiarios reales, como el previsto en el Acta de titularidad real, se convierte en una herramienta esencial para la detección y prevención del blanqueo de capitales. En última instancia, la Unión Europea pretende reforzar la integridad de su sistema financiero, proteger a la economía formal de los flujos ilícitos y promover un entorno seguro para la inversión y la actividad empresarial.