Uno de los temas que más preocupa a los padres de personas con discapacidad es dejarlo todo atado para el día en que ellos ya no estén. Tradicionalmente, la herramienta estrella para esto era el nombramiento preventivo de un tutor y de un «Consejo de Tutela».

Pero, ¿qué ocurre si esos documentos se firmaron hace años y, de repente, la ley cambia por completo y elimina la tutela para mayores de edad? Hoy os lo explicamos a través de un caso real que ha llegado a nuestro despacho (con nombres y fechas modificados para proteger la privacidad de la familia).

El caso de Carlos y su hijo Albert

En 2018, Carlos acudió a la notaría con una gran preocupación: asegurar el futuro de su hijo Albert, un joven con una discapacidad intelectual que, bajo la ley antigua, estaba incapacitado judicialmente y sujeto a la patria potestad prorrogada de su padre.

Previendo su propio fallecimiento, Carlos otorgó una escritura pública muy detallada en la que establecía:

  1. Un Tutor: Designó a una Fundación especializada para que asumiera la tutela de Albert, una vez hubieron fallecido.
  2. Un Consejo de Tutela: Nombró a tres familiares directos (los tíos de Albert) para formar un consejo que debía reunirse anualmente, fiscalizar las cuentas de la Fundación e incluso autorizar la venta de bienes sin necesidad de ir al juez.
  3. Un «Plan de Vida»: Dejó por escrito instrucciones estrictamente: Albert debía seguir viviendo en su casa de siempre, continuar yendo a su taller ocupacional, ir a la piscina y pasar las Navidades y el mes de agosto con sus tíos.

La situación actual

Carlos ha fallecido recientemente. La Fundación debe ahora acudir al juez para activar los mecanismos de protección y la familia se ha encontrado con un jarro de agua fría. Al consultar con algunos asesores, se les indicó que, con la entrada en vigor de la nueva ley de apoyo a las personas con discapacidad (Ley 8/2021 y su adaptación en Cataluña), la tutela y los consejos de tutela para mayores de edad han desaparecido.

La familia llegó a nosotros muy preocupada: ¿Significa esto que el documento de Carlos es papel mojado? ¿Se van a quedar los tíos sin poder supervisar el bienestar de su sobrino?

La solución: Adaptar, no anular

La respuesta rotunda es NO, el documento no ha perdido su validez. El principio rector de la nueva normativa es el respeto absoluto a la voluntad y preferencias de la persona, lo que incluye dar máxima eficacia a las previsiones que hicieron sus padres.

Aunque formalmente la «Tutela» ya no exista, el documento notarial de Carlos es la hoja de ruta obligatoria para el juez, pero debe pasar por un proceso de «traducción legal»:

De Tutela a Asistencia: La Fundación no será nombrada «Tutora», sino «Asistente» (o curadora, según la región). Sus funciones serán de apoyo, priorizando que Albert tome sus propias decisiones en la medida de lo posible, pero el nombramiento de la entidad elegida por el padre es vinculante.

El Consejo de Tutela se transforma en un «Órgano de Control Familiar»: Es cierto que los tíos ya no podrán vender pisos sin permiso del juez (la ley actual es muy estricta con las garantías judiciales para actos de disposición). Sin embargo, el juez puede y debe recoger la figura de este grupo familiar como una medida de salvaguarda. La Fundación estará obligada a rendirles cuentas e informarles, y ellos mantendrán la legitimidad para acudir al juez si creen que Albert no está bien atendido.

El «Plan de Vida» es intocable: Las instrucciones sobre dónde debe vivir Albert, a qué taller asistir y su régimen de vacaciones con la familia tienen un valor jurídico incalculable. Constituyen la base sobre la que el juez diseñará el traje a medida de los apoyos de Albert.

Pienso que las reformas legales pueden cambiar el nombre de las instituciones (de tutela a asistencia, de incapacitación a provisión de apoyos), pero la planificación notarial hecha por los padres sigue siendo la herramienta más poderosa para proteger a los hijos con discapacidad.

Si tienes un documento de este tipo firmado antes de 2021, no te asustes si escuchas que «ya no sirve». Tu voluntad sigue siendo la brújula que guiará a los jueces y a las entidades de apoyo, aunque los engranajes legales para aplicarla sean ahora más modernos y respetuosos con los derechos de las personas con discapacidad.