El Consejo General del Notariado ha aprobado por unanimidad el Código deontológico sobre el uso de la IA por el notario, un documento destinado a establecer los principios, límites y responsabilidades que deben regir la utilización de la Inteligencia Artificial en el ejercicio de la función notarial. La aprobación tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2026 durante la sesión plenaria celebrada en La Palma.

La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial puede facilitar numerosas tareas dentro de una notaría, desde la organización de información y la preparación documental hasta la búsqueda jurídica, la traducción o la gestión de comunicaciones. Sin embargo, su utilización plantea también nuevas cuestiones relacionadas con la protección de los datos, la seguridad, la autenticidad de los documentos, la identificación de las personas o la fiabilidad de la información generada automáticamente.

El Código establece por ello un principio fundamental: la Inteligencia Artificial puede asistir al notario, pero no puede sustituir aquellas decisiones, valoraciones y actuaciones que requieren necesariamente juicio humano. La tecnología queda configurada como una herramienta auxiliar al servicio de la persona y de la seguridad jurídica.

La Inteligencia Artificial como herramienta auxiliar de la actividad notarial

El Código reconoce expresamente las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial para mejorar determinados procesos internos y facilitar una prestación más eficiente de los servicios notariales. Entre los usos considerados compatibles con la función notarial se encuentran la gestión de citas y comunicaciones, la clasificación de documentos, la organización de información o la búsqueda y localización de información jurídica.

También puede utilizarse para elaborar esquemas, resúmenes y borradores, así como para realizar determinadas tareas de transcripción y traducción. Estos usos están condicionados, no obstante, a que se empleen sistemas adecuados, se mantenga la confidencialidad de la información y exista una revisión humana suficiente.

El principio que preside estas aplicaciones es el carácter instrumental de la tecnología. La Inteligencia Artificial puede contribuir a reducir determinadas tareas mecánicas o administrativas, pero no puede asumir por sí misma las funciones jurídicas atribuidas al notario.

La eficiencia obtenida mediante estas herramientas debe contribuir, según el propio Código, a reforzar otros aspectos fundamentales del servicio, especialmente la atención personalizada, el asesoramiento imparcial y la protección de las personas que acuden a una notaría.

El juicio del notario no puede ser sustituido por una Inteligencia Artificial

Uno de los límites más relevantes establecidos por el Código afecta directamente a las decisiones que requieren una valoración jurídica y personal. No puede delegarse en una Inteligencia Artificial el juicio de capacidad de una persona, su identificación, la valoración de la suficiencia de una representación o el control de legalidad de una operación.

Tampoco puede trasladarse a un sistema automatizado la valoración sobre la libre formación de la voluntad, el consentimiento informado o la existencia de posibles situaciones de vulnerabilidad. Estas cuestiones requieren una intervención directa y responsable del notario.

La misma regla se aplica a la decisión final sobre la autorización de un instrumento público. Una Inteligencia Artificial no puede decidir de manera autónoma si una escritura, acta u otro documento debe autorizarse, denegarse, suspenderse o aplazarse.

De esta forma, el Código introduce una separación clara entre las tareas en las que la tecnología puede prestar asistencia y aquellas que forman parte esencial del ejercicio de la función notarial y requieren necesariamente una valoración humana.

La supervisión humana debe ser real y efectiva

El uso de Inteligencia Artificial dentro de una notaría debe estar sometido a una supervisión humana efectiva. Esta exigencia va más allá de comprobar superficialmente los resultados obtenidos o aceptar automáticamente una respuesta porque el sistema utilizado haya funcionado correctamente en ocasiones anteriores.

La persona que realiza la revisión debe disponer de los conocimientos necesarios para valorar el contenido generado, tener acceso a las fuentes originales y poder modificar, rechazar o prescindir completamente de la propuesta realizada por la Inteligencia Artificial.

Especial relevancia adquiere esta obligación cuando se utilizan sistemas para localizar legislación, jurisprudencia o doctrina. Cualquier referencia jurídica generada mediante Inteligencia Artificial debe contrastarse con una fuente auténtica u oficial antes de utilizarla profesionalmente.

También deben verificarse las traducciones, los cálculos, los resúmenes y cualquier otra información obtenida automáticamente. El Código advierte expresamente de que una respuesta aparentemente coherente, precisa o bien redactada no garantiza que su contenido sea correcto.

La responsabilidad continúa correspondiendo al notario

La utilización de Inteligencia Artificial no modifica la responsabilidad derivada del ejercicio de la función notarial. El notario mantiene íntegramente la responsabilidad sobre los documentos, juicios y decisiones adoptados, aunque se haya utilizado una herramienta tecnológica durante su preparación.

Esto significa que no resulta posible atribuir a un sistema de Inteligencia Artificial la responsabilidad por una decisión jurídica o por el contenido de un documento autorizado. La tecnología puede prestar apoyo, pero la responsabilidad profesional continúa correspondiendo a la persona que adopta la decisión.

El Código incorpora además criterios de transparencia y trazabilidad. Cuando un sistema de Inteligencia Artificial haya intervenido de manera relevante en la preparación o análisis de una actuación, debe poder conocerse razonablemente su finalidad, el alcance de su utilización y las características esenciales de su intervención.

Este principio resulta especialmente importante ante sistemas complejos cuyo funcionamiento puede resultar difícil de interpretar. La prudencia tecnológica exige evitar herramientas cuyos resultados no puedan ser razonablemente comprendidos, evaluados o contrastados.

Protección de datos y confidencialidad en el uso de Inteligencia Artificial

Las notarías gestionan información personal, familiar, patrimonial y empresarial que puede estar sometida a estrictas obligaciones de confidencialidad. Por este motivo, la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial debe respetar plenamente el secreto de protocolo, el secreto profesional y la normativa aplicable en materia de protección de datos.

Antes de emplear una determinada herramienta deben valorarse las condiciones en las que se almacenan, utilizan o reutilizan los datos introducidos. También debe comprobarse la identidad y solvencia del proveedor tecnológico y conocer las condiciones contractuales relacionadas con el tratamiento de la información.

El Código recoge además el principio de minimización de datos. Solo debe proporcionarse a un sistema de Inteligencia Artificial la información estrictamente necesaria para la finalidad concreta para la que se utiliza.

Las notarías deberán establecer asimismo políticas internas sobre las herramientas autorizadas y formar a sus empleados y colaboradores. Se pretende evitar especialmente la utilización profesional de cuentas personales, extensiones, aplicaciones o servicios no autorizados capaces de tratar información notarial.

Deepfakes y suplantaciones de identidad: uno de los nuevos riesgos

La capacidad de la Inteligencia Artificial para generar imágenes, vídeos y voces artificiales plantea nuevos retos para la identificación de las personas. Los denominados deepfakes pueden reproducir con un elevado grado de realismo la apariencia o la voz de una persona y aumentar el riesgo de suplantación.

Esta cuestión adquiere especial importancia cuando se utilizan medios tecnológicos de comunicación a distancia. El Código establece que la imagen o la voz observadas a través de una pantalla no deben considerarse por sí mismas una prueba suficiente de identidad.

La identificación de las personas continúa siendo una función indelegable. Ante una actuación realizada a distancia deben adoptarse medidas suficientes para comprobar que la persona que comparece es efectivamente quien afirma ser y que no existe una manipulación tecnológica.

Si aparece una anomalía, una incoherencia o cualquier duda razonable sobre la identidad, capacidad o libertad del consentimiento, la actuación debe suspenderse o aplazarse hasta obtener la certeza necesaria.

La Inteligencia Artificial también puede facilitar la falsificación documental

Otro de los riesgos analizados por el Código es la manipulación de documentos electrónicos. Las herramientas actuales permiten generar documentos que reproducen con gran precisión el aspecto de certificados, comunicaciones oficiales, informes u otros documentos con relevancia jurídica.

Estos documentos pueden incorporar códigos QR, supuestos códigos seguros de verificación, firmas electrónicas o referencias a páginas web que transmitan una apariencia de autenticidad. Sin embargo, la existencia de estos elementos no permite concluir automáticamente que el documento sea auténtico.

El criterio establecido es acudir directamente a la fuente oficial emisora para verificar el documento. Cuando sea posible, la comprobación debe realizarse mediante la sede electrónica oficial o el sistema original utilizado por la entidad o Administración que supuestamente lo ha expedido.

Además de comprobar su existencia, debe verificarse que el contenido obtenido desde la fuente oficial coincide con el presentado. También debe analizarse el valor jurídico del documento y, cuando corresponda, la naturaleza de las firmas electrónicas incorporadas.

Especial prudencia con los documentos electrónicos extranjeros

La comprobación puede resultar más compleja cuando el documento procede de otro Estado y únicamente se presenta en formato electrónico. En estos casos pueden intervenir sistemas de validación, registros o sedes digitales con los que el notario no esté familiarizado.

El Código establece por ello un principio de prudencia reforzada para estos documentos. La existencia de una apariencia profesional o de determinados elementos electrónicos no debe sustituir la comprobación de su origen y contenido.

La cautela debe ser especialmente elevada cuando se trate de documentos susceptibles de producir efectos jurídicos relevantes, como poderes, documentos relacionados con propiedades, certificados sucesorios o acreditaciones de representación.

Cuando no pueda comprobarse suficientemente su autenticidad o existan dudas razonables sobre la documentación presentada, puede resultar necesario suspender la actuación hasta completar las verificaciones correspondientes.

Atención personal y protección de las personas vulnerables

El Código dedica una atención especial a las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad. La digitalización de los servicios no debe convertirse en una barrera para acceder a una adecuada atención notarial.

La Inteligencia Artificial no puede sustituir la escucha activa, la empatía ni la valoración individual de las circunstancias de cada persona. La tecnología tampoco debe impedir que quien lo necesite pueda recibir una atención personal y presencial.

La relación directa permite valorar circunstancias que difícilmente pueden reducirse a un tratamiento automatizado. La comprensión efectiva del acto, la existencia de posibles presiones externas o las necesidades particulares de una persona requieren una valoración individual.

Por esta razón, uno de los principios que recorre el Código es que las mejoras de eficiencia obtenidas mediante Inteligencia Artificial deberían permitir dedicar más tiempo precisamente a la atención y asesoramiento de las personas.

Formación continua ante los nuevos riesgos tecnológicos

La rápida evolución de los sistemas de Inteligencia Artificial obliga también a mantener una formación permanente. El Código contempla específicamente la actualización en materias como Inteligencia Artificial, ciberseguridad, suplantaciones digitales, deepfakes y nuevas modalidades de fraude documental.

Esta formación resulta necesaria no solo para conocer las posibilidades de estas tecnologías, sino también para comprender sus limitaciones. Entre los riesgos identificados se encuentran las denominadas alucinaciones de los sistemas de Inteligencia Artificial, los sesgos algorítmicos, la posible opacidad de determinados modelos y la dependencia excesiva de las herramientas automatizadas.

El uso habitual de estas aplicaciones no debe conducir al abandono del razonamiento jurídico propio ni provocar una reducción de la capacidad crítica. La tecnología debe complementar los conocimientos profesionales y no sustituirlos.

Los sistemas utilizados también tendrán que revisarse cuando se produzcan cambios importantes en sus versiones, funcionamiento, condiciones contractuales, tratamiento de datos o políticas de conservación de la información.

Un Código y cuatro anexos para regular el uso de la IA por el notario

El nuevo marco se estructura en un Código compuesto por 40 artículos y cuatro anexos complementarios. El articulado establece los deberes, principios, límites y responsabilidades que deben aplicarse cuando se utilizan sistemas de Inteligencia Artificial en la actividad notarial.

El primer anexo contiene la Carta de Principios de la Función Notarial en la Era de la Inteligencia Artificial, basada en conceptos como la dignidad humana, la primacía del juicio humano, la inmediación, la autonomía de la voluntad, la protección de las personas vulnerables, la transparencia, la confidencialidad y la independencia profesional.

El segundo incorpora un Decálogo de Buenas Prácticas para trasladar estos principios a la actividad cotidiana de las notarías. El tercero aborda específicamente la prevención de deepfakes y otras formas de suplantación mediante Inteligencia Artificial.

El cuarto anexo está dedicado a la prudencia frente a documentos electrónicos potencialmente manipulados. En conjunto, estos instrumentos pretenden ofrecer un marco práctico para afrontar los nuevos riesgos derivados de la transformación tecnológica.

La protección de la persona prevalece sobre la eficiencia tecnológica

El Código deontológico sobre el uso de la IA por el notario parte de una concepción en la que la tecnología puede mejorar procesos, facilitar el trabajo y contribuir a prestar determinados servicios con mayor eficiencia, pero siempre manteniendo las garantías propias de la función notarial.

La Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo puede resultar especialmente útil en tareas documentales, de organización, análisis o apoyo. Sin embargo, las decisiones jurídicas, la comprobación de la identidad, la valoración de la capacidad, el consentimiento y la atención a las circunstancias particulares de cada persona continúan dependiendo del juicio humano.

El nuevo marco también responde a riesgos cada vez más relevantes, como la generación de información incorrecta, los deepfakes, la clonación de voz, la falsificación de documentos electrónicos o el tratamiento inadecuado de datos personales.

El principio final que resume esta orientación es especialmente claro: cuando exista un conflicto entre la eficiencia que pueda proporcionar una tecnología y la adecuada protección de una persona, deberá prevalecer la protección de esta última.